lunes, 18 de febrero de 2013

Record en Morosología

El término morosología, acuñado por Pere J. Brachfield, hace referencia al estudio de la morosidad y, en particular, de la figura del moroso.

Existe el moroso circunstancial o sobrevenido, pero también se da el caso del moroso profesional o recalcitrante, es el que de antemano sabe que no va a hacer frente a sus obligaciones, incluso antes de asumirlas.

Un caso paradigmático de moroso curtido y avezado lo constituye viene ilustrado en el siguiente caso real. Se trata de un individuo que estuvo viviendo 19 años en una casa sin haber pagado nunca ni una peseta, de las de entonces, ni un euro de los de ahora. La secuencia es la que sigue

I.- En el año 1991 nuestro sujeto concertó un contrato de arrendamiento, con opción de compra, sobre una vivienda en una localidad de la provincia de Castellón. Los arrendadores eran un matrimonio de jubilados que residía en la capital y que la usaban, como segunda residencia, principalmente para veranear. Cuando los hijos se hicieron mayores la dejaron de usar y de ahí que la arrendasen con opción de compra.

Instalado en su nueva vivienda, el arrendatario no llegó a satisfacer ni una mensualidad del alquiler, ni los gastos comunes, ni los impuestos sobre los bienes de naturaleza urbana.

Al principio los propietarios intentaron amistosamente reclamar el pago de la deuda, pero sólo obtuvieron evasivas, aplazamientos y mentiras. Por lo que, transcurrido un tiempo más que prudente, e incluso generoso, terminaron por poner el caso en manos de un abogado. El profesional interpuso una demanda de desahucio por impago de las rentas como, en principio,  parecía lógico proceder.

            II.- La representación procesal del demandado se opuso a la pretensión alegando que su cliente no satisfacía las rentas porque no ocupaba la vivienda en calidad de arrendatario, sino como optante a su compra, en virtud del contrato suscrito y que, como en el documento no se explicitaba el precio, pues éste hacía referencia al número de las mensualidades satisfechas hasta el momento de ejercitarse la opción y al importe al que ascendieran las mismas en aquella fecha, no se trataba de una cantidad líquida que su cliente pudiera satisfacer. Es decir que su patrocinado siempre había tenido buena fe y voluntad de compra pero no podía pagar un precio cuyo importe desconocía.

            El proceso transitó por los correspondientes recursos y oposiciones hasta que alcanzó una resolución firme, en la que se fijaba un precio concreto y un plazo máximo para efectuar el pago y otorgar la pertinente escritura de compra. Hay que señalar que el precio marcado por el juez, al hacer referencia a la merced arrendaticia inicial, resultó alcanzar, únicamente, el 20% del valor real del inmueble.

            III.- En el año 2004, a punto de agotar el plazo conferido, apenas unos días antes de su vencimiento, el arrendatario, ahora convertido en comprador, contactó con una empresa de intermediación financiera para que le tramitara urgentemente la concesión de un crédito para la adquisición de la vivienda. En su solicitud adujo que, con la premura de tiempo, no tenía opción de acceder a la banca convencional para tramitar un préstamo hipotecario. Además, como el importe de la compra era muy reducido, incluyó en la petición no sólo el precio del inmueble, sino la minuta de su propio abogado, los gastos de otorgamiento de la escritura de compra, los impuestos, la gestoría, la inscripción registral y los gastos de la operación de crédito, que se instrumentó en letras de cambio.

            Llegado el vencimiento citó al acreedor en una notaría para otorgar la cancelación, pues había encontrado una entidad financiera que le concedía el crédito. Hasta ahí todo correcto y normal.
           
IV.- En la notaría, a la que acudió solo, se hizo leer por el notario la escritura del nuevo crédito en todas sus líneas y con todas las palabras. Alegó que no lo había entendido bien y que se la volviera a repetir entera (30 folios). El Sr. Notario se excusó para ir al lavabo un minuto, circunstancia que aprovechó el deudor para levantarse tranquilamente, acercarse a la silla que había ocupado el notario, tomar las letras y romperlas. En principio nadie se alteró demasiado porque, a fin de cuentas, iba a acabar rompiéndolas el propio notario. La sorpresa llegó cuando, un par de minutos después, al regresar el notario, el deudor dijo que no tenía claro el nuevo préstamo y que no firmaba la escritura, con lo que no procedía la cancelación de las letras.
           
Tras fingir burdamente un infarto de miocardio el deudor acabó esposado y en la Comisaría. Este tipo de delitos provocan escasa alarma social por lo que el detenido durmió esa noche en su casa, bueno, en la casa que adquirió sin haber desembolsado un céntimo hasta ese momento.
           
Se incoaron diligencias previas pero, como el notario otorgó un acta de subsanación de las letras destruidas incorporando los pedazos, el fiscal consideró que los títulos de crédito no se encontraban perjudicados, por lo que solicitó el archivo de la actuaciones.

            V.- A continuación se interpuso ante el Juzgado de Primera Instancia correspondiente demanda de Ejecución Hipotecaria por impago del préstamo a su vencimiento.
           
En es procedimiento de ejecución fue asistido por el mismo abogado al que se había satisfecho la minuta el día de formalizar la compra de la vivienda.

Al solicitar el señalamiento de fecha para subasta alegó que la demanda pecaba de pluspetición, por entender que se le reclamaba más importe de lo adeudado. En ningún momento concretó a cuanto ascendía esa pluspetición o cuál era el importe realmente adeudado. Sin embargo, dio lugar a una vista oral, con práctica de prueba, declaración de testigos, etc. La desestimación de su pretensión, por insostenible, fue recurrida hasta sus últimas consecuencias. Con ello consiguió dilatar el proceso casi un año más.

            VI.- Cuando finalmente fue señalada una segunda fecha de subasta, la representación procesal del deudor interpuso una querella por supuesta estafa. Alegaba ahora que le reclamaban más dinero del que había costado la vivienda, según constaba en escritura.

            Sin embargo, por la inercia con que actúan los Juzgados y Tribunales españoles, la querella fue admitida a trámite y se propuso la práctica de una ingente cantidad de pruebas, documentales, testificales, testimonio de parte y demás. Todo para concluir, tras muchos meses, en el archivo de las actuaciones.

            Resultaba chocante que el mismo abogado presente en la firma de la escritura de compra del inmueble y del subsiguiente préstamo, el mismo abogado que puso la mano para cobrar sus honorarios con el producto del préstamo, el mismo que lo asesoró en la operación, fuese ahora el que suscribía la querella por considerar que su cliente había sido estafado. Esto no fue óbice para que se agotaran los recursos en todas las actuaciones procesales, llegando a repetir incluso el mismo escrito en más de una ocasión para provocar una nueva resolución de recurso.

VII.- Cuando el archivo de la querella resultó firme el Juzgado de Instancia señaló, de nuevo, fecha de subasta. Dos días antes del señalado para la venta pública el deudor solicitó la suspensión de la misma por prevalencia de la jurisdicción penal, pues había un nuevo Juzgado de Instrucción incoando actuaciones. La subasta fue suspendida.

Resultó que el deudor había interpuesto la misma denuncia pero en otro Juzgado. Su abogado alegó no saber nada del asunto, pues el hecho incurría en el tipo penal de denuncia falsa al haber sido archivada la primera querella.

Para evitar una condena el deudor se aprestó a retirar la denuncia, pero ya había conseguido suspender por tercera vez la subasta de su vivienda.

VIII.- Finalmente el inmueble fue subastado y, en ausencia de otros postores, adjudicado al acreedor. La pega ahora era que, en el ínterin, el deudor había vendido la vivienda, con la carga incluida, a una sociedad de la que él era el único socio y administrador, reservando en su favor, como persona física, el derecho de habitación del inmueble.

            La maniobra no por burda dejó de ser efectiva pues, a pesar de que el Registro de la Propiedad purgó todas las cargas anotadas con posterioridad a la hipoteca ejecutada, le permitió oponerse al lanzamiento alegando su derecho de habitación y poner, de nuevo, la pelota en juego para recurrir hasta el infinito cualquier resolución.

            IX.- Lo cierto es que el deudor estuvo disfrutando de la vivienda desde 1991 hasta 2009 sin desembolsar cantidad alguna. Puede tratarse de un record mundial...

De la Legalidad, la Ética y la Estética



Existe una tendencia generalizada a confundir lo que es legal con lo que es justo o con lo que socialmente está bien visto. Son conceptos distintos y no deberían confundirse.

Así, por ejemplo, estos días saltaba la noticia de un joyero que repelía la agresión e intento de robo de dos atracadores serbios. La actuación del joyero no ha creado alarma social, ni ha suscitado la reprobación popular. Sin embargo, en la actualidad se encuentra en libertad con cargos y, sin duda, terminará por ser procesado. Una actuación que socialmente no esté mal vista no tiene porqué ser legal.

En el extremo opuesto se puede colocar el caso de una señora mayor, inquilina de una vivienda de renta antigua, que satisface un exiguo alquiler mensual. El propietario decide transmitir el inmueble a la inquilina por una contraprestación simbólica. Como la inquilina es una persona mayor solicita que la propiedad se inscriba a nombre de una sobrina que, el día de mañana, será su heredera. Argumenta que así se ahorrará el impuesto de sucesiones entre tía y sobrina. Al poco de consumarse la operación la sobrina plantea el desahucio de su tía alegando la necesidad de la vivienda. Una actuación que, aún siendo legal, no es ética y es merecedora de la reprobación social.  

Cuando un imputado resulta absuelto no significa, necesariamente, que sea inocente de los hechos que se le imputan y que merezca el respaldo social. Así, por ejemplo, en los casos de prescripción del delito, la actuación queda impune, pero los hechos son igualmente reprobables.

Sucede del mismo modo en aquellos casos en los que la prueba resulte imposible o no tenga la entidad suficiente como para motivar una sentencia condenatoria. No significa que los hechos no hayan ocurrido o que no sean acreedores del reproche social.

Todo esto viene a cuenta de quienes se quejan de los juicios paralelos en los medios de comunicación o de quienes invocan que se debe esperar a que las resoluciones judiciales sean firmes.

El ciudadano tiene derecho a formarse una opinión y a manifestar un juicio de valor sobre la realidad que le afecta.

Si el político de turno alega que le ha tocado varias veces el primer premio de la lotería el ciudadano tiene derecho a no creérselo, aunque no exista ninguna sentencia condenatoria.
Si a otro le encuentran 22 millones de euros en una cuenta en Suiza puede alegar que los ha ganado en una especulación bursátil, pero el ciudadano es libre de pensar que miente y que, además, no se encuentra sólo en la operación.

Si en el consejo de administración de un instituto hay cinco miembros se pude argumentar que sólo dos eran los que llevaban la voz cantante, pero el ciudadano tiene derecho a pensar que los cinco son igualmente responsables.

 Quienes ostentan la representación de la ciudadanía no sólo tienen que ser honrados, sino que además tienen que parecerlo. Para ser honrado puede bastar la ausencia de una sentencia firme condenatoria. Para parecerlo se necesita algo más.

Para parecer honrado se requiere de un comportamiento ejemplar, no sólo libre de toda condena, sino también libre de toda sospecha.

Para recuperar la confianza de la ciudadanía la clase política debe emprender una regeneración urgente que sólo podrán encabezar quienes se encuentren libres de toda sospecha.  

domingo, 17 de febrero de 2013

España un país de corrupción





ESPAÑA UN PAIS DE CORRUPCION


No sé si el título resultará algo excesivo pero, si se conecta cualquier canal de televisión o se hojea cualquier diario, es la impresión que se percibe. No se puede atribuir a casos aislado o a comportamiento individuales.

Los que pretenden atribuir la culpa a las personas físicas dejando al margen a las instituciones, olvidan que éstas no son entes abstractos, sino que vienen definidas por las personas que las integran.

En la actual vorágine de zozobra ¿qué institución en España conserva la suficiente calidad moral para servir de guía en la salida del pozo de corrupción en el que nos encontramos sumidos? Ni los partidos políticos, ni la Monarquía, ni la Judicatura, ni la Fiscalía, ni siquiera la Iglesia pueden enarbolar la bandera de la integridad y dirigir una cruzada de saneamiento institucional.

Los únicos partidos políticos que se encuentran al margen de las corruptelas son los que no han desempeñado cargos de poder. La estrategia de los portavoces de los principales partidos consistente en el : ...y tú más.. No puede tranquilizar a la ciudadanía. No se transmite tranquilidad y normalidad democrática si para distraer la atención de un caso de corrupción se destapa otro mayor.

            Los órganos encargados de velar por la justicia y la integridad acaban teniendo, en la cima de su pirámide jerárquica, puestos designados por los propios partidos políticos que deben ser investigados. ¿Qué cabe esperar? ¿Se conoce del caso de algún cargo público que esté pagando con cárcel por los casos de corrupción?

            Sólo queda el pueblo.

            El Pueblo, con mayúscula, libre y soberano, que debe recuperar la voz para hacerse oír. No se trata de invocar la revolución, sino de exigir una regeneración moral que no pueden encabezar los actuales representantes electos.

            Mientras los partidos políticos se postulen con listas cerradas, endogámicas y elegidas por sus propios dirigentes, listas donde tienen cabida sospechosos e incluso imputados formales, no podrán reivindicar la representación del pueblo, ni mucho menos erigirse como líderes de la regeneración.

miércoles, 28 de noviembre de 2012

Operación Emperador


LA NOTICIA DETRÁS DE LA NOTICIA

En muchas ocasiones la verdadera noticia no se encuentra en el titular de los diarios sino que se tiene que leer entre líneas.

Hace unos días saltaba a la primera plana de todos los medios de comunicación el resultado de la operación Emperador que suponía un importante golpe a la mafia china de blanqueo de capitales que opera en nuestro país. En el curso de la misma se producía la detención de decenas de personas, la aprehensión de importantes bienes y la incautación de, aproximadamente, 12 millones de euros de dinero en efectivo, que se encontraba guardado en distintas cajas de caudales ocultas en naves industriales. Tras el recuento, que duró más de 8 horas y motivó que se quemase una de las máquinas empleadas para contar, el dinero fue conducido en varios furgones blindados hasta una entidad bancaria, donde quedó consignado en la cuenta de la Audiencia Nacional que instruye la causa. Y hasta aquí la noticia oficial.

La noticia que se oculta detrás de ésta es que el dinero en efectivo que se incauta en cualquier operación policial se ingresa en la misma entidad bancaria. En este caso Banesto, que es quien tiene la concesión del servicio.

Al contrario que los bienes muebles, que deben ser objeto de custodia en las dependencias habilitadas a tal efecto, el dinero se ingresa en cuenta. No se identifican los billetes sino que, al tratarse de moneda de curso legal, es tratada como tal. El dinero es dinero.

El destino que finalmente deba darse al dinero incautado se verá en la resolución que ponga fin al procedimiento. Esto es, a ojo de buen cubero, dentro de unos 10 años. En efecto, si se tiene en cuenta el tiempo que durará la instrucción, la preparación del juicio, la vista oral, la declaración de los testigos y peritos, el fallo de la sentencia y los subsiguientes recursos que, de seguro, se interpondrán; el cálculo me parece ajustado.

Durante este tiempo el dinero se encuentra ingresado en las arcas de la entidad financiera, pero no en una caja de seguridad individualizada, sino confundido con el resto de activos del banco. Por cierto, sin producir ningún tipo de interés.

Cuando la resolución judicial que ponga fin al procedimiento sea firme y no quepa recurso alguno se dará al dinero el destino que se contenga en el texto de la misma. Sea su ingreso en las arcas públicas o su devolución a los imputados si resultaran absueltos.

Ya conocemos al menos una entidad financiera que no va a precisar de rescate institucional, pues acaba de recibir una importante inyección de efectivo que se añade a las que a diario recibe por otros muchos procedimientos judiciales. Imposiciones a plazo que no devengan interés.

Ley de Tasas Judiciales


LAS TASAS JUDICIALES

Según las últimas cifras, al menos en un 30% de los procedimientos judiciales está implicada, de una manera u otra, la Administración del Estado. No necesariamente como demandada, como pueda resultarlo en procedimientos relativos a prestaciones,  incapacidades, Fondo de Garantía Salarial, etc. Sino como simple responsable civil subsidiaria, o en recursos frente a sus actuaciones: resoluciones, multas, actas...

No existe ningún procedimiento judicial que se entable a instancias de la Administración del Estado, pues dispone de los mecanismos para ejecutar extrajudicialmente sus propias resoluciones. Así, por ejemplo, si se adeudan impuestos municipales será la propia Administración Local la que ponga en funcionamiento sus mecanismos de recaudación o, si se trata de cuotas a la Seguridad Social, será la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad Social la trabará y ejecutará los bienes del deudor.

En definitiva, de un procedimiento judicial en el que esté involucrada, de un modo u otro, la Administración del Estado sólo puede esperar un resolución condenatoria, ya que no precisa del mecanismo jurisdiccional para ejercer su propio derecho.

Con este punto de partida ¿qué interés puede tener el Estado en una Administración de Justicia rápida, eficaz y al alcance de todos?

Como muestra basta con reseñar que, en una demanda de reconocimiento de invalidez permanente, el señalamiento para el juicio tendrá lugar aproximadamente un año después de la interposición de la demanda. Se hace necesario manejar agendas plurianuales para poder consignar las fechas de juicio.

Con la Ley 10/2012, conocida como Ley de Tasas, el Gobierno da una vuelta de tuerca en la misma dirección. Ahora, además de una justicia lenta tendremos una justicia cara y discriminatoria.

Con la nueva Ley se establecen tres segmentos en la sociedad: una minoría que podrá optar al beneficio de justicia gratuita (sólo para aquellos casos en los que resulte preceptiva la intervención de abogado y procurador), otra minoría a la que le resultará irrelevante la imposición de tasas porque pasarán a formar parte de los presupuestos de las grandes corporaciones y una mayoría, la sufridora clase media, que tendrá que pensárselo dos veces antes de solicitar el auxilio de la justicia.

El apartado a) del artículo 2 de la Ley 10/2012 establece la imposición de tasas a la interposición de la demanda en toda clase de procesos declarativos...
   
La demanda deja de tener un efecto coactivo sólo para el deudor. Ahora el acreedor padecerá un injusto efecto disuasorio en hacer valer su derecho. Tendrá que ponderar si va a ser peor el remedio que la enfermedad.

Necesariamente se resentirá la actividad económica y comercial pues, al suscribir cualquier tipo de contrato, habrá que considerar cuánto nos puede costar hacer que se cumplan las obligaciones contraídas. Las empresas tendrán que dotar partidas presupuestarias para el pago de las tasas judiciales que inevitablemente repercutirán sobre los consumidores.

El lema de los Registros: Prior tempore, potior in iure; que se traduce como: Primero en el tiempo, mejor en el Derecho, podrá ser sustituido por otro no menos acertado: EL PRIMERO EN RIQUEZA, MEJOR EN DERECHO....

martes, 27 de noviembre de 2012

Desahucios


 A PROPOSITO DE LOS DESAHUCIOS

Muchas familias españolas han dejado de hacer frente al pago de las hipotecas de sus viviendas. En algunos casos se debe a que los ingresos de la unidad familiar han disminuido porque alguno de sus miembros ha perdido el puesto de trabajo y se encuentra en el paro. Pero también influye que el valor actual de la vivienda no tenga nada que ver con el que en su día le atribuyó la entidad financiera cuando les concedió la hipoteca. Cunde el desánimo al tener que afrontar el pago de algo que no vale lo que cuesta.

En esas circunstancias la venta del inmueble no alcanza para liquidar el importe pendiente de la hipoteca, lo que deja el problema sin solución: no puedo pagar lo que debo, no puedo devolver lo comprado, ni puedo vender para cancelar la deuda...

            Si la entidad financiera opta por la ejecución hipotecaria del crédito para hacerse con la titularidad de la vivienda y, posteriormente, proceder al desahucio de sus ocupantes, nunca podrá volverla a vender por el valor que en su día le atribuyó cuando concedió la hipoteca. Si a ello le añadimos los costes de ejecución y los gastos para poner la vivienda en el mercado, nos encontramos con un negocio ruinoso. Un negocio que sólo puede tener un destinatario: el coloquialmente denominado banco malo.

            Una vez que la vivienda ha pasado a ser titularidad de la entidad financiera nos encontramos con un problema doble: por un lado encontrar un comprador para ese inmueble y, por otro, facilitar una vivienda social a la familia que ha sido desalojada y que necesita un sitio donde vivir.

            Mientras se resuelve el primer problema la entidad bancaria necesita de la ayuda del Estado, por la vía del rescate o de la subvención, mientras que para resolver el segundo también se va a requerir la intervención estatal a través de las distintas administraciones públicas, para proporcionar vivienda.

            Una posible solución pasaría por el tratamiento conjunto de los dos problemas: Si la entidad bancaria va a tener que ejecutar la hipoteca para, tras el desahucio y los gastos, encontrar un comprador al que se la pueda vender al valor actual del mercado, ¿por qué no renegociar el importe, plazos y cuota de la hipoteca con el prestatario? Se podría solicitar la ayuda del Estado para que asumiera, por la vía de la subvención, una parte de la rebaja de la hipoteca, de la carencia necesaria o de la minoración de los intereses, si resultara procedente.

            En conclusión la entidad financiera habría encontrado comprador para la vivienda al precio de mercado, sin necesidad de la ejecución judicial, del consiguiente desahucio y de los gastos inherentes, evitándose, además, el drama del desahucio.
           

lunes, 16 de mayo de 2011

¿R.E.T.A. o Mutualidad de la Abogacía?












Llega un momento en que casi todos los abogados se plantean entre mantener su adscripción a la Mutualidad de la Abogacía o darse de alta en el Régimen de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social.



Se plantea así y no al revés porque la mayoría, al colegiarse, opta inicialmente por la Mutualidad de la abogacía. Varios son los motivos, pero el principal es que la Mutualidad resulta más barata que el R.E.T.A., al menos al principio. Más adelante, si el abogado continua ejerciendo, su nivel económico mejora y surgen responsabilidades familiares, es cuando se suscita la duda.



La revista de la Mutualidad de la Abogacía, en su número del mes de abril, publica un dossier ilustrativo de las prestaciones a las que dan derecho las cotizaciones en una y otro. La conclusión es simple: a igualdad de cotizaciones las prestaciones de la Mutualidad de la Abogacía son de superior importe a las que otorga el R.E.T.A.



Hay que señalar que muchos licenciados en Derecho cuando causan alta en el Colegio de Abogados no tienen decidida su orientación profesional. Algunos se dan de alta a la espera de la convocatoria de oposiciones, otros para generar la antigüedad necesaria para acceder al Turno de Oficio y alguno más a la espera de otra oferta laboral más interesante. Es una circunstancia que no se produce en otros colectivos profesionales.



Los criterios para tomar una decisión acertada deberán valorar:




A favor de la Mutualidad de la Abogacía:




1.- La cuota mínima en la Mutualidad de la Abogacía es más económica que la del R.E.T.A.


2.- A igualdad de cotizaciones las prestaciones de la Mutualidad de la Abogacía son de superior importe a las que se percibirían del R.E.T.A.


3.- Las cuotas abonadas a la Mutualidad pertenecen al mutualista con lo que no se pierden si no se alcanza determinada carencia.


4.- En la Mutualidad hay mayor flexibilidad a la hora de designar beneficiarios de las prestaciones.


5.- Las prestaciones de la Mutualidad de la Abogacía son compatibles con cualquier otra prestación.




A favor del R.E.T.A. de la Seguridad Social:




1.- La afiliación al R.E.T.A. lleva aparejada, de forma automática, la asistencia sanitaria.


2.- En el R.E.T.A. los familiares directos son beneficiarios de la asistencia sanitaria sin incremento de la cuota mensual, no importa cuantos.


3.- La afiliación al R.E.T.A. permite el cómputo recíproco de cotizaciones respecto de cualquier otro de los distintos Regímenes de la Seguridad Social (Régimen General, Régimen Especial Agrario, etc.)


4.- La afiliación al R.E.T.A. es única, por lo que, en el caso de ejercicio de distintas actividades compatibles con la abogacía, como por ejemplo asesorías, administradores de fincas, corredores de seguros, etc. Si un abogado mutualista es, además, administrador de fincas debe pagar la cuota a la Mutualidad por su condición de abogado pero no se libra de darse de alta en el R.E.T.A. por su condición de administrador de fincas.


5.- Las pensiones del R.E.T.A., como todas las derivadas de la Seguridad social, tienen garantía de mínimos, tanto para la jubilación, como para la viudedad o la Incapacidad Permanente, además de contar con el respaldo de los Presupuestos Generales del Estado.

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