Muchas familias españolas han dejado de hacer frente al pago de las hipotecas de sus viviendas. En algunos casos se debe a que los ingresos de la unidad familiar han disminuido porque alguno de sus miembros ha perdido el puesto de trabajo y se encuentra en el paro. Pero también influye que el valor actual de la vivienda no tenga nada que ver con el que en su día le atribuyó la entidad financiera cuando les concedió la hipoteca. Cunde el desánimo al tener que afrontar el pago de algo que no vale lo que cuesta.
En esas circunstancias la venta del inmueble no alcanza para liquidar el importe pendiente de la hipoteca, lo que deja el problema sin solución: no puedo pagar lo que debo, no puedo devolver lo comprado, ni puedo vender para cancelar la deuda...
Si la entidad financiera opta por la ejecución hipotecaria del crédito para hacerse con la titularidad de la vivienda y, posteriormente, proceder al desahucio de sus ocupantes, nunca podrá volverla a vender por el valor que en su día le atribuyó cuando concedió la hipoteca. Si a ello le añadimos los costes de ejecución y los gastos para poner la vivienda en el mercado, nos encontramos con un negocio ruinoso. Un negocio que sólo puede tener un destinatario: el coloquialmente denominado banco malo.
Una vez que la vivienda ha pasado a ser titularidad de la entidad financiera nos encontramos con un problema doble: por un lado encontrar un comprador para ese inmueble y, por otro, facilitar una vivienda social a la familia que ha sido desalojada y que necesita un sitio donde vivir.
Mientras se resuelve el primer problema la entidad bancaria necesita de la ayuda del Estado, por la vía del rescate o de la subvención, mientras que para resolver el segundo también se va a requerir la intervención estatal a través de las distintas administraciones públicas, para proporcionar vivienda.
Una posible solución pasaría por el tratamiento conjunto de los dos problemas: Si la entidad bancaria va a tener que ejecutar la hipoteca para, tras el desahucio y los gastos, encontrar un comprador al que se la pueda vender al valor actual del mercado, ¿por qué no renegociar el importe, plazos y cuota de la hipoteca con el prestatario? Se podría solicitar la ayuda del Estado para que asumiera, por la vía de la subvención, una parte de la rebaja de la hipoteca, de la carencia necesaria o de la minoración de los intereses, si resultara procedente.
En conclusión la entidad financiera habría encontrado comprador para la vivienda al precio de mercado, sin necesidad de la ejecución judicial, del consiguiente desahucio y de los gastos inherentes, evitándose, además, el drama del desahucio.
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